La falta de comunicación con el pueblo de la amazonia ocasionó grandes pérdidas en el Perú, tanto vidas de policías y nativos, como la confianza en un Gobierno que no previno y no supo escuchar a sus electores. Pero esta trágica eventualidad también tuvo sus frutos beneficiosos para el sector de la selva, ya que, a pesar de los hechos ocurridos, se logró derogar las polémicas leyes 1090 y 1064.
Estas leyes eran consideradas por los indígenas como atentatorias para su territorio y ecosistema, lo cual, podría devenir en daños para su salud, ya que, estas leyes permitían a las empresas transnacionales realizar exploraciones del suelo amazónico. Los indígenas no estaban de acuerdo con esa decisión del Gobierno, sin previo debate con el pueblo mismo, por ello, se causó tanto daño.
Después de tanta lucha, con sangrientos enfrentamientos, toma de carretera, huelgas e infinitas discusiones, el Congreso de la República, aprobó por mayoría la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064; que se referían a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el régimen jurídico para el empleo de las tierras de uso agrario, respectivamente, lo cual, ocasionó una gran satisfacción en los indígenas.
La propuesta fue aprobada el jueves 17 de junio con ochenta y dos votos a favor, doce en contra y ninguna abstención. Asimismo fue exonerada de segunda votación con ochenta y dos votos a favor y catorce en contra. Esta decisión fue aceptada por todo el país, que ya estaba cansado tanto derramamiento de sangre.
El Gobierno de Alan García, debe ponerse la mano en el pecho y aceptar que se equivocó en algo tan importante como lo es la comunicación con el pueblo peruano y su falta de responsabilidad es imperdonable, ya que, un Gobierno que no se responsabiliza de sus actos, es un Gobierno cobarde que actúa, pero si se equivoca huye y no enfrenta sus errores con dignidad.